viernes, 12 de septiembre de 2008

26 Millones de perdidas por malas ventas del Estado

Es una vergüenza la impunidad con la que actúa el Ejecutivo: ya remataron sin ton ni son el terreno del Ministerio de Educación (sus funcionarios se debieron repartir entre la Biblioteca Nacional y el Museo de la Nación), mas recientemente el aeropuerto de Collique (que fue donado por un particular explícitamente para uso de aviación civil) y ahora nos enteramos de un terreno en La Molina a 100 dólares el metro cuadrado.

 

A esto se suma con que Alan García esta vendiendo a cash sonante sus bienes: casa de Chacarilla, casa de playa, camioneta y se queda sin nada más que dinero.  A este paso el irresponsable (constitucionalmente hablando) no tendrá problemas con irse a Paris si es que las aguas no juegan a su favor en el juego siniestro de la impunidad.


TOMADO DE LA PRIMERA

Luego de escuchar las declaraciones de los funcionarios públicos que intervinieron en la venta subvaluada de terrenos del Estado de La Molina y Collique, la Comisión Investigadora del Congreso citará también a los representantes de las empresas que participaron en la transacción comercial para determinar su responsabilidad en los hechos.


Según dijo a LA PRIMERA el legislador nacionalista Isaac Mekler, la presencia de los propietarios de la empresa Sinka International S.A.C. será requerida para esclarecer la venta de los terrenos de La Molina a esa compañía.

Tal como reveló LA PRIMERA, Sinka International S.A.C., de capitales chilenos, compró al Estado el terreno de La Molina en seis millones 885 mil 500.

Los funcionarios públicos David Lemor, presidente de Proinversión; René Cornejo, ex presidente de Preinversión, y Guillermo Alarcón Menéndez, presidente del Fondo Mi Vivienda; han sido citados por la Comisión Investigadora a declarar el próximo lunes.

Mekler reveló que los implicados deberán aclarar cómo concretaron la venta de los terrenos de La Molina en 100 dólares el metro cuadrado, cuando el precio en el mercado fluctúa entre 400 y 600 dólares, lo que causó al Estado cerca de 26 millones de dólares en pérdidas.
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