No nos equivoquemos de nuevo

Carlos Angulo Rivas

En primer lugar debemos rechazar el falso mensaje de algunos políticos de oposición, analistas y ONGs, al señalar que las muertes de los 24 policías y un indeterminado número de nativos y pobladores en el genocidio perpetrado por Alan García en la amazonía, se debió a la soberbia, el capricho y la terquedad del Ejecutivo y el Congreso. No señores, la soberbia, el capricho y la terquedad son aspectos subjetivos y por tantos secundarios, lo que hubo fue intransigencia y fanatismo en defensa de los intereses y las inversiones de las empresas transnacionales en esa lotización de millones de hectáreas de la selva peruana, incluyendo ríos, bosques y pueblos-etnias originarios, ya facilitadas en contratos de exploración y explotación. En segundo lugar no ha habido ninguna “victoria popular” en cuanto al retroceso del gobierno que ahora sí quiere derogar los decretos legislativos 1090 y 1064 y promete levantar el estado de emergencia en las provincias amazónicas y el toque de queda en Bagua.

En verdad, estamos frente a un retroceso táctico donde subsisten los intereses económicos de la intransigencia del gobierno, contratos ya firmados e implementación del TLC con Estados Unidos. Bajo el manto político de los extravagantes artículos “El perro del Hortelano,” Alan García tiene contratos vigentes con empresas españolas, norteamericanas, coreanas, chilenas, etc. habiendo comprometido 63 millones de hectáreas en la selva. Por ejemplo, las empresas petroleras que están operando activamente en la amazonía, con negociaciones directas del Ejecutivo a través de Petro Perú, son las siguientes transnacionales: Pluspetrol Norte, Korea National Oil Corporation, Daewoo Internacional, SK Corporation, Maple producction, Burlington - Conocophillips, Repsol, Petrobras, Barret, Hunt Oil Company, Occidental, Petrolífera, Sapet, Pan Andean, CCP, Hocol, Amerada Hess, Cepsa y Talismán; todo esto sin contar los proyectos del etanol y la extracción maderera. Entonces, como puede deducirse, los inconstitucionales decretos legislativos materia del conflicto con los nativos venían a ser, en buena cuenta, decretos “regularizadores” de ilegalidad de los contratos impuestos de facto. Por consiguiente, una vez derogados los decretos legislativos que regularizaban las inversiones de la política de hechos consumados de Alan García, se entraría a un vacío legal, en tanto que los contratos vigentes con las transnacionales pasarían a ser nulos “ipso-jure.”

Y no puede haber “victoria popular” porque el retroceso gubernamental no ha sido debido a la serena reflexión frente a la criminal acción del etnocidio iniciado en la amazonía con la política del “perro del hortelano,” sino por miedo a la insurgencia popular en todo el país, puesto que Alan García estaba acosado y próximo a caer. El diálogo, como señaló García Pérez hasta el cansancio, se dio de mil maneras, por supuesto mediante la prolongada “mecida” a los dirigentes indígenas de todas las etnias. Restablecer el diálogo derogando los decretos legislativos 1090 y 1064, cuando se ha perdido la confianza en el gobierno, es sólo torear la embestida de la población contra el gobierno. Además, el gobierno se está dando oxígeno para insistir en la legislación con decretos similares cambiándoles apenas la numeración, debido a la ocupación transnacional ya advertida en la amazonía. Seamos francos, el gobierno durante el diálogo de 55 días con la AIDESEP sentenció que de ninguna manera las normas podías ser anuladas y eso es veraz porque sin la aprobación en el Congreso y sin conversar con las etnias nativas como ordena la constitución y el decreto 169 de la OIT, Alan García ya había vendido la selva al mejor postor atentando contra las reservas naturales de la nación, la soberanía nacional y la seguridad de la integridad territorial del país.

Sin embargo, nos alegramos del retroceso del gobierno anunciado por el pelele Yehude Simon porque, por el momento, se evitarán nuevos derramamientos de sangre, ya que después de lo visto nadie nos asegura la paz fructífera; y una nueva arremetida violenta puede ocurrir repitiendo la historia de las masacres a las que acostumbra este gobernante acusado de genocidio desde su primer gobierno. Daisy Zapata, reemplazante del líder nativo Alberto Pizango, afirma: “el movimiento indígena no entiende el razonamiento del Gobierno” “esta reacción tardía del Ejecutivo se debe a la presión de todos los peruanos y de la comunidad internacional que, a través de extensas muestras de solidaridad, protestaron y sentaron una posición contra el Gobierno por su accionar del 5 de junio” “Debemos afirmar rotundamente que antes de escuchar promesas debemos ver realidades.” Ella está en lo cierto, el problema será cuando el gobierno “oxigenado” vuelva repetir la “mecida” en los diálogos y alrededor de los decretos derogados se aprueben unos nuevos con distinto número pero en esencia los mismos. Eso en cuanto al problema de fondo: los ilegales contrato vigentes con las empresas transnacionales.

El otro aspecto, por el cual no debe ni puede cantarse “victoria popular” parte de las preguntas y respuestas simples, que precisamente por ser simples son las más acertadas. Las preguntas van para cualquier peruano con o sin uniforme: ¿si usted estuviera frente al asesino de uno o más de sus hijos, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino de su padre, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino de su madre, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino sus hermanos, tíos o sobrinos, cómo actuaría? ¿si usted estuviera frente al asesino de un amigo íntimo, un novio, una novia, cómo actuaría? Las lógicas respuestas, son reflexiones que deberíamos hacernos todos. Así de simple. ¿Dejaría usted escapar al asesino, le daría carta blanca para que siga actuando, lo perdonaría por un acto de bondad suprema? La gran mayoría dirá NO. Seguro, algunos lo querrían castigar con sus propias manos; otros lo entregarían a la justicia para que pague por sus crímenes. Esa es la única verdad. Alan García ha cometido genocidio, ha ordenado una limpieza étnica, el peor crimen de lesa humanidad. Y debe ser juzgado por ello, en acumulación a los crímenes de su primer gobierno. Un hombre acusado de genocidio por todos sus contornos, con las manos manchadas de sangre, no puede personificar a la nación y de ninguna manera puede ser un interlocutor válido. Todo el gobierno aprista debe irse. Ese es el otro problema de fondo, que nada tiene que ver con las “inversiones negociadas” a puerta cerrada por Alan García con las empresas transnacionales extractivas de las reservas nacionales estratégicas. Hoy contratos sin amparo de ley.