martes, 30 de junio de 2009

Honduras: no basta la condena


Carlos Angulo Rivas

La comunidad internacional, la OEA, la ONU, la Unión Europea, han condenado con energía el golpe de estado en Honduras. La tibia condena del presidente Obama, seguida por la de la Secretario de Estado, Hillary Clinton, también es un avance en cuanto a lograr el reestablecimiento del orden democrático y el regreso del único presidente constitucional de Honduras: Manuel Zelaya. Sin embargo, resulta sospechoso que los militares hondureños se hayan decidido por el golpe de estado sin el consentimiento de la Casa Blanca y el Pentágono. Veremos prontamente si fueron tan independientes en la decisión tomada. En este nuevo escenario debemos resaltar que no basta la firme condena a la reaparición en el continente del “gorilismo” de corte pinochetista. La acción de los organismos citados y de los gobiernos del mundo debe ir más allá de lo declarativo, pues se debe aislar a los golpistas y al usurpador de la presidencia, Roberto Micheletti. Por ende la condena es útil pero no suficiente y cabe de inmediato el retiro de los embajadores en Tegucigalpa y las sanciones económicas correspondientes.

El secuestro a mano armada de un presidente constitucional nos muestra hasta donde pueden llegar determinados intereses políticos de ultraderecha, cuyos representantes se niegan a perder sus privilegios y el manejo corrupto del estado. Habría que preguntarse ¿por qué tanto miedo a la consulta popular en un estado supuestamente democrático? ¿Por qué tanto miedo a que el pueblo exprese libremente su sentir respecto a la posibilidad de una reforma constitucional? ¿Por qué tanto miedo al voto ciudadano supervisado por los organismos internacionales convocados para el domingo pasado en Honduras? Roberto Micheletti, junto a un grupo de militares conjurados se ha impuesto sobre la voluntad mayoritaria de la población, se sostiene mediante la ocupación armada de las ciudades principales, la detención de los dirigentes políticos y sindicales, la intervención a la prensa y a las agencias noticiosas extranjeras y el toque de queda; y declara con una desfachatez a toda prueba que no ha habido nada ilegal en su nombramiento como nuevo jefe de Estado.

O sea que aparte de los atropellos señalados, para Roberto Micheletti tampoco es un delito, nada ilegal menciona, el secuestro a medianoche del presidente Zelaya por militares encapuchados y su arbitraria expulsión del país hacia Costa Rica; y menos la fabricación de una renuncia a la presidencia de la república aceptada por el Congreso de Honduras para facilitar la farsa de un nombramiento “constitucional” a su persona. Como se observa en estos procedimientos, Micheletti quiere convertir la noche en día, la ilegalidad en legalidad y los ultrajes en rectitudes; más aún cuando el desprecio a la ley de parte de él no sólo constituye un método propio de los delincuentes sino además una afrenta a la normatividad jurídica de las naciones. Y no sólo aquello, los militares impulsados por Micheletti también han atentado contra las libertades públicas y de un solo envión se han llevado de encuentro el respeto que se debe a los embajadores de otros países en un mundo civilizado, atropellando las sedes diplomáticas. Hace un buen tiempo no se veía una acción golpista de esta naturaleza en el continente, excepto el frustrado golpe de estado contra el presidente constitucional, Hugo Chávez, auspiciado y solventado por la Casa Blanca y George W. Bush.

Frente a estas circunstancias ningún gobierno democrático puede reconocer el gobierno usurpador de Roberto Micheletti y un grupo de conjurados golpistas. La legalidad constitucional está de parte del presidente Manuel Zelaya, quien convocó a la frustrada consulta popular, del domingo, a partir de la firma de más de 400 mil ciudadanos hondureños, quienes apoyaron la iniciativa de colocar una cuarta urna de consulta en las elecciones generales del próximo diciembre, para de ser aprobada la reforma constitucional se procediera a elegir una Asamblea Constituyente. El rechazo a esta iniciativa democrática parte de los golpistas, al verse perdidos, ha sido el motivo de iniciar una dictadura cívico-militar en Honduras, mediante la captura, secuestro y deportación del legítimo presidente Manuel Zelaya. Justo la interrupción del orden democrático se dio ante la instalación en todo el país de las 15 mil urnas que contenían el material a emplearse, dos millones de boletas, durante la jornada de consulta popular que iba a llevarse a cabo.

Con la brutal acción de los militares, Micheletti y los políticos golpistas, el estado de derecho ha sido vulnerado de la peor manera. “…Defender al pueblo de Honduras es defender la democracia, es necesario reconstruir la democracia… llamo al pueblo a la resistencia pacífica, a la no violencia, a la desobediencia civil para exigir a los usurpadores, respetar el sistema democrático…” son las palabras enérgicas pero prudentes del presidente Manuel Zelaya, desde San José de Costa Rica. "Se acaba de cometer un crimen contra nuestra democracia, ya sabemos nosotros que los grupos de poder, quienes nos han llevado al empobrecimiento, no dejaran pasar a nuestro pueblo por los senderos de la justicia y la libertad". “Han asesinado una vez más la esperanza de democracia, de equidad, con todo el embate de un terrorismo contra nuestro pueblo" añadió el presidente deportado, quien a su vez hace un llamado a los movimientos sociales y sindicales para que se concentren en las afueras del Palacio de Gobierno, rechacen el golpe y exijan la normalidad democrática con su regreso a Tegucigalpa.

La OEA, en principio, deberá demostrar que ha cambiado de una vez por todas o simplemente seguirá siendo la arcaica institución interamericana al servicio de Washington. Aquí no cabe negociación con los golpistas sino la restitución de Zelaya en su cargo de presidente. Las tibias resoluciones declarativas de la OEA para luego reconocer gobiernos usurpadores no tienen lugar en el continente actual. De acuerdo a los procedimientos observados no existen partes en pugna sino la delincuencia política frente a la constitución. Por ello la OEA si desea continuar vigente deberá asumir el papel de la ley y no el de árbitro entre la moralidad y la justicia (Zelaya) frente dictadura y la sinrazón (Micheletti.) Felizmente, los presidentes democráticos pertenecientes a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) de la que Honduras también es miembro, han llamado a una reunión extraordinaria a fin de tomar medidas drásticas ante un golpe de Estado incalificable; igualmente los países miembros de MERCOSUR con Brasil y Argentina en el liderazgo han colocado una cruz sobre la cabeza de Micheletti. Vivimos una época de cambios democráticos en América Latina que será imposible de detener; el despertar de los pueblos asume con dignidad y decisión su propio destino; y la reciente agresión a la democracia en Honduras es una agresión contra todos los pueblos de la región. El derecho a la resistencia y la insurgencia está planteado; a diferencia del ayer el golpismo no puede pasar en Honduras, ya que los pueblos latinoamericanos exigen la inmediata restitución del estado de derecho y la democracia.
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