Informe de la Matanza de Uchuraccay - Comision Vargas Llosa

¿ Porqué fue la matanza?

La matanza de Uchuraccay no puede entenderse cabalmente, con todas sus implicancias, si se le separa de un contexto de violencia cuyas causas inmediatas y mediatas constituyen un aspecto central de la problemática peruana.

Las Causas Inmediatas

Entre las causas inmediatas de este contexto de violencia, que ilumina con una luz de incendio los sucesos de Uchuraccay, figura en primerísimo lugar la acción insurreccional desatada a partir de 1980 por sendero luminoso. A esta organización política -cuya ideología, historia, metas y práxis revolucionaria es materia del estudio del historiador y antropólogo doctor Luis Millones, que acompaña este informe. Incumbe la responsabilidad de haber iniciado operaciones armadas de sabotaje y terrorismo que han causado graves daños materiales, numerosas víctimas y perturbado profundamente toda la región ayacuchana y de manera especial a las comunidades campesinas de Huanta.

Las estadísticas oficiales, hasta el 31 de diciembre de 1982, de las muertes ocasionadas por la rebelión son las siguientes:

29 Guardias Civiles

2 Miembros de la P.I.P. 6 Guardias Republicanos 1 Soldado

9 Autoridades Civiles

71 Civiles

48 Senderistas

Se trata de cifras sumamente elocuentes que muestran, de manera flagrante, cómo el mayor número de víctimas no son combatientes -"senderistas" y fuerzas de orden- sino inocentes ciudadanos, en su gran mayoría de la clase campesina, sacrificados brutalmente en un conflicto en el que no les cupo iniciativa ni intervención alguna.

Es de público conocimiento que estas cifras han aumentado desde comienzos de año de manera pavorosa: los 80 civiles son ahora bastante más de un centenar y acaso el balance general se haya duplicado en el corto plazo de dos meses.

El caso de sendero no debe ser tomado a la ligera ni desechado como un producto exóqeno de la realidad peruana, artificialmente incrustado en nuestra patria por alguna potencia extranjera Por el contrario, todos los indicios diseñan a esta facción desgajada en los años 70 de la subdivisión maoista del Partido Comunista Peruano, como un movimiento surgido en el ambiente altamente radicalizado de Ayacucho, con una interpretación del país y un programa de acción, de extremado esquematismo y rigidez dogmática, pero que ha venido aplicando con evidente consecuencia. Dentro de estos esquemas, el país semifeudal y semicolonial" que, en su concepto, es el Perú, sólo alcanzará su liberación y accederá al socialismo a través de una guerra prolongada que, iniciada en el campo y teniendo como columna vertebral al campesinado, irá progresivamente copando las ciudades.

Al declarar esta "guerra prolongada", sendero luminoso eligió también unos métodos a los que se ha mantenido fiel: destrucción de torres de alta tensión, voladura de puentes, asesinato' de guardias civiles, de autoridades políticas y municipales y de agricultores particulares, invasión de fundos y haciendas, juicios populares en localidades campesinas en el curso de los cuales personas consideradas hostiles o nocivas son humilladas, flageladas o ejecutadas; asaltos a comisarías, locales públicos y campamentos para apoderarse de armas, dinero y explosivos; ejecuciones de individuos considerados confidentes de las fuerzas del orden, etc.

No es necesario subrayar hasta que punto dichas acciones han afectado a la población ayacuchana, es especial a las de las zonas rurales, donde tuvieron principalmente lugar, pero sí vale la pena destacar el hecho de que la suma de daños y perjuicios se abatía sobre una de las regiones más pobres y desamparadas del Perú, entre pueblos y comunidades que, por su extrema escasez e indefensión, las consecuencias destructivas era aún más graves.

Pero, para el asunto que estamos tratando de esclarecer, conviene examinar más de cerca el trastorno que sendero luminoso significó para muchas comunidades campesinas y, en particular, para las de la provincia de Huanta.

Como se ha señalado, en el curso de 1981 y 1982, gracias a operaciones audaces y violentas, sendero luminoso consigue gradualmente una fuerte implantación en la parte baja de casi toda la provincia. En una actitud difícil de comprender, las autoridades asisten con indiferencia a este proceso, y en lugar de reforzar las comisarías y lugares públicos atacados, dejan que éstos se cierren. La Guardia Civil clausura sus puestos de San José de Secce, de Mayocc, de Luricocha y de otros puntos, a la vez que numerosos* Gobernadores, Tenientes Gobernadores y Alcaldes desertan esos lugares después de que algunos de ellos son víctimas de atentados y otros asesinados. En. lapso de¡ poder civil llega a ser casi completo en la región y la Comisión Investigadora ha podido comprobar que esa es, todavía, la situación en la propia ciudad de Tambo a la que aún no ha regresado ninguna autoridad civil (en cambio, el Párroco, que también habia huído, acaba de volver). Resulta académico preguntarse si las poblaciones campesinas así desamparadas por el poder civil vieron con simpatía la presencia de' los destacamentos senderistas: es obvio que no tuvieron otra alternativa que la de acomodarse con el poder de facto que sustituía al poder prófugo y, de buena o mala gana, colabar por lo menos coexistir con él. Esta es una de las primeras reuniones que sendero luminoso" proclama "zona liberada".

Mientras esto sucede en el valle ¿qué ocurre en las alturas de Huanta, en esa zona fría y apartada donde se hallan diseminadas las comunidades iquichanas, entre las que figura Uchuraecay? En el estudio de los Antropólogos doctores Juan Ossio y Fernando Fuenzalida que acompaña este informe se describe la naturaleza de esas comunidades y sus relaciones con las de abajo, más desarrolladas y occidentalizadas, pero se puede resumir desde ahora esta relación como difícil y áspera y sobre la que gravita una tradición de incomprensión y rivalidad.

Los esfuerzos de "sendero luminoso" por ganar para su causa a las comunidades iquichanas parecen haber sido débiles y esporádicos en 1981 y 1982. Su gran aislamiento, la dureza del clima y del terreno en que viven, su dispersión, su prímitivismo, los llevaron acaso a no considerarlas un objetivo codiciable en su trabajo de adoctrinamiento o como potenciales bases de apoyo. Las zonas altas fueron utilizadas sólo como un corredor de paso que permitía a las "milicias" senderistas desplazarse de un extremo a otro de¡ valle y la provincia con relativa seguridad y desaparecer después de llevar a cabo sus acciones armadas en Huanta, Tambo y otras localidades. Pero en esos desplazamientos, ¡os "senderistas" tienen que alojarse y alimentarse en Uchuraccay, Huaychao, Quicha, etc. En el curso del cabildo abierto, los comuneros acusaron ante la Comisión, en repetidas oportunidades, a los terroristas de robarles sus alimentos y sus animales, Esto fue motivo de choques y fricciones y,' en el curso de ellos, los guerrileros mataron a dos comuneros uchuracaínos: Alejandro Huamán y Venancio Aucatoma. Estos robos o cupos de alimentación tuvieron que resentir hondamente a comunidades como las de Uchuraccay, extremadamente pobres, cuyas reservas alimenticias son minimas y cuya tierra les permite sembrar apenas papas y habas.

Pero acaso mayor efecto negativo tuvo y fue causa principal de la movilización beligerante de las comunidades iquichanas -y de las comunidades de otras regiones también- contra las "milicias", la decisión de sendero luminoso de aplicar, en las zonas que consideraba "liberadas", una política de "autosuficiencia" y control de la producción campesina. Las comunidades recibieron consignas de sembrar únicamente aquello que consumían, sin excedente, y de cesar todo comercio con las ciudades. ¿Perseguía esta política solamente el desabastecimiento de la ciudad o, también, ir inculcando al campesino un sistema de trabajo acorde con el abstracto modelo ideológico diseñado para la futura sociedad?

En todo caso, sendero "trató de materializar esta consigna con métodos contundentes y así, por ejemplo, a principios de enero invade y clausura la feria Libro, en el punto extremo a donde había llegado la carretera de penetración de la selva, en la provincia de Huanta. Además, dinamita la carretera de manera que queda cortado el tráfico hacia aquella localidad. Además de ir a Huanta o Tambo, los comuneros de las alturas bajaban a Lirio a vender sus magros excedentes y en esas ferias adquirían otros productos indispensables a su supervivencia o costumbres. El fin de la posibilidad de comerciar, por razones tácticas o ideológicas que obviamente les resultaban incomprensibles, debió ser sentido por las comunidades iquichanas como una intromisión que ponía en peligro su existencia. Ahora bien, en los estudios que acompañan este informe se advertía que las comunidades iquichanas han reaccionado siempre, cuando se hallan en esta situación típica, con gran beligerancia y fiereza.

Dentro de este contexto se comprende mejor aquellas asambleas, que deben haber tenido lugar hacia mediados de enero, en Carhuaran y en Uchuraccay -precisamente en los mismos lugares donde en 1824 los iquichanos se reunieron para tomar la decisión de guerrear contra la naciente republica y a favor de España- en que los comuneros de las alturas de Huanta toman la determinación de enfrentarse a los "senderistas", (en el cabildo del 12 de febrero, los comuneros aseguran a la Comision que estaban reunidos en asamblea al llegar los periodistas). Aquella determinación es puesta en practica, simultáneamente, en varias comunidades. Destacamentos de sendero luminoso y reales o supuestos colaboradores de la "milicia" son emboscados, maltratados o linchados. Los "siete muertos" en Huaychao, que el General Clemente Noel da a conocer en la conferencia de prensa del domingo 23 de enero son solo una parte de los ejecutados por los comuneros. En Uchuraccay, el 22 de enero, son linchados otros cinco. El numero de "senderistas" ejecutados en la zona de Iquicha, en los días que preceden a la expedición de los periodistas se eleva aproximadamente a 24.

2. ¿Cuál es la reacción en el pais al saberse la noticias de las muertes?

Con una ligereza que los acontecimientos posteriores pondrían de manifiesto, autoridades civiles y militares, políticos del Gobierno y de la oposición, órganos de prensa democráticos y gran parte de la ciudadanía vio en estos linchamientos sumarios, una reacción sana y lógica por parte del campesinado contra el terrorismo, un grave revés para sendero luminoso y una victoria para el sistema democrático (en tanto que los órganos de extrema izquierda se limitaban a poner en duda el hecho mismo de las ejecuciones v se las atribuían a "sinchis" disfrazados de campesinos).

Nadie, sin embargo, en el país, planteó, antes de la muerte de los periodistas, el grave problema jurídico y moral que esos linchamientos constituyen para un sistema democrático. En efecto, ¿pueden justificarse estos asesinatos en el principio de la legítima defensa? Aceptar o alentar a las comunidades campesinas a hacerse justicia por sus manos contra los abusos y crímenes de sendero luminoso significaba también socavar íntimamente el ordenamiento jurídico de la República y proveer, sin quererlo, una cobertura al amparo de la cual se podían cometer toda clase de venganzas personales, desqu ites regionales y étnicos, además de accidentes terribles. La matanza de los periodistas ha venido a recordar dramáticamente al país que un sistema democrático no puede olvidar jamás, ni siquiera cuando lucha por su supervivencia, que su superioridad moral sobre los sistemas autoritarios y totalitarios radica en que, en su caso, como dijo Albert Camus, son los métodos los que justifican los fines. En el caso que nos ocupa hubo una clara relajación de esos métodos sin la rectificación o amonestación' correspondiente. En estas condiciones ¿cómo no hubieran sentido los comuneros iquichanos -si es que hasta ellos llegaban los ecos del país oficial- que habían actuado con absoluta legalidad y legitimidad?

Más que distribuir responsabilidades -que, en este caso, a juicio de la Comisión comparte todo lo que Jorge Basadre llamaba el Perú oficial o por lo menos el sector democrático de éste que recibió con alivio la noticia de las ejecuciones de "senderistas", la Comisión cree necesario y urgente, llamar la atención sobre el conflicto desarrollado por el estudio del jurista, doctor Fernando de Trazegnies que plantea, en nuestro país, la existencia junto al sistema jurídico occidentalizado y oficial, que en teoría regula la vida de la nación, de otro sistema jurídico, tradicional, arcaico, soterrado y a menudo en conflicto con aquél al cual ajustan su vida y costumbres los peruanos de las alturas andinas como Huaychao y Uchuraccay.

3. La violencia antisubversiva

Quienes convencidos de que la única manera de liberar al pueblo peruano era la lucha armada, desafiando a las fuerzas policiales y militares del país, tienen su cuota de responsabilidad en la inevitable respuesta que provocó la violencia subversiva: la violencia generada por la contra insurgencia.

Ni los dirigentes de "sendero luminoso" ni quienes, desde posiciones más seguras que las de aquellos, proponen la lucha armada como método, pueden ignorar en qué país estamos, ni el carácter todavía defectuoso y precario que tienen muchas instituciones en la apenas renaciente democracia peruana. Por el contrario, es probable que entre sus previsiones estuvieran los inevitables excesos que cometiera, en su tarea antisubversiva, una fuerza policial mal preparada para el tipo de guerra que debía librar y exasperada por el asesinato continuo de sus miembros. ¿Calculaban los insurrectos que, con estos excesos las fuerzas del orden les ganarían adeptos? Era a toda luces un cálculo cruel, porque partía del sacrificio de inocentes para los fines de una causa política.

Estos excesos se han producido, efectivamente, y la Comisión cree su obligación señalarlo porque este otro tipo de violencia, derivado de la acción represiva, ha contribuido también a crear ese contexto de anormalidad, recelo, pánico y odio que dio lugar a la matanza de los periodistas.

4. ¿Pueden las fuerzas del orden de un sistema democrático combatir la subversión y el terror con métodos que no son democráticos?

No se puede juzgar el crimen de Uchuraccay (ni el malentendido que lo provoca), haciendo abstracción de las circunstancias en que ocurrió, las únicas que pueden revelar la verdad profunda y compleja que hay detrás de esas muertes. Los comuneros de Uchuraccay -aunque sería más justo tal vez decir todos los comuneros iquichanos.

Y más aún, a juzgar por los últimos acontecimientos, así, comunidades de Ayacucho y Huancavelica que han tomado una decisión resuelta contra sendero luminoso- viven en un ambiente de tierra en el que, dentro de su visión, hay dos bandos que recíprocamente se destruyen. Los comuneros que optan por el "Gobíerno se sienten amenazados y atemorizados. Creen por su tradición por su cultura, por las condiciones en que viven, por las práticas cotidianas de su existencia, que en esta lucha por la supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir. La visita que los uchuracaínos reciben de los "Sinchís", representantes de la autoridad, no les permite hacer el necesario distingo entre legalidad e ilegalidad, ese distingo que precisamente diferencia a un sistema democrático M terrorismo porque, con sus consejos, aquellos contribuyen más bien a fomentar la confusión. No hay duda que ha habido en esto un error por parte de las fuerzas del orden que defienden sistema democrático, un sistema en que la ley no permite hacerse justicia por su propia mano (lo que, justamente, lo hace moralmente superior a quienes creen que sí pueden matar en nombre de sus ideas o sueños).

Ahora bien: ¿es posible hacer aquellos distíngos jurídicos, clara y precisamente establecidos por nuestra Constitución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones de primitivismo, aislamiento y abandono de Uchuraccay? ¿Es posible, a hombres que viven en el estado anímico de esos comuneros en los días que preceden a la matanza, ilustrarlos con exactitud y discernimiento sobre las sutilezas de un sistema jurídico que, en la práctica, está a menudo contradicho por las prácticas cotidianas y tradicionales de la vida comunal?

En comunidades aisladas y alejadas de toda autoridad, como Uchuraccay, es práctica extendida ejecutar sumariamente a los abigeos. ¿Por qué entenderían los comuneros que deben comportarse diferentemente con los senderistas a quienes, en la reunión de cabildo abierto con la Comisión, designaron siempre con el apelativo de "terrorista sua" (terrorista ladrón)?

Por otro lado, es perentorio tener en cuenta las dificultades que experimentan las fuerzas de¡ orden en su tarea antisubversiva: un inmenso territorio que vigilar, un enemigo que no ofrece un frente definido, que golpea y se disuelve en medio de la población rural de otra lengua y costumbres con la que las fuerzas del orden tienen escasa y a veces nula comunicación. El estricto respeto a la legalidad democrática, en muchos casos, puede significar, para soldados y guardias, simplemente el suicidio o la total impotencia. Esta es una de las razones, sin duda, por la que esta legalidad es vulnerada por las fuerzas del orden. Pero esto es trágico para el sistema democrático, porque, adoptar estos métodos en defensa del orden constituido, es privar a,éste de su legitimidad moral y legal y en cierto modo aceptar las reglas del juego establecidas por los terroristas. El dilema defender el sistema democrático mediante actos rigurosamente lícitos que en la práctica pueden condenar a las fuerzas del orden a la parálisis o al sacrificio o combatir a la subversión violentando la ley lo han vivido todos los países democráticos amenazados por el terror ideológico y ahora lo vive nuestro país.

La Comisión Investigadora no convalida, ni mucho menos, la campaña de cierta prensa de escarnio y menosprecio sistemático de las fuerzas del orden y tiene muy presente que éstas, con todos los errores y abusos que hayan podido cometer, combaten en defensa del sistema democrático. Pero al mismo tiempo, tienen que dejar constancia del sentimiento de protesta y temor que ha advertido, entre algunos de sus informantes y en ciertos sectores de la población de la zona de emergencia, por atropellos cometidos por las tropas especiales de la Guardia Civil ‑‑los‑‑‑Sinchis"‑ en el curso de sus operaciones. El catálogo de quejas es largo y doloroso: arrestos injustificables, malos tratos, agravios contra ciudadanos pacíficos, hurtos al amparo del toque de queda, accidentes irreparables por obra de la prepotencia y el abuso del alcohol.

Es un hecho, comprobado por la Comisión, que desde que las Fuerzas Armadas asumieron la responsabilidad de la lucha antisubversiva, se han hecho esfuerzos para evitar excesos y por ejemplo, en Huanta y Tambo según testimonios recogidos por la Comisión la llegada de los Infantes de Marina ha tenido un efecto moderador y mejorado notoriamente las relaciones entre las fuerzas del orden y la población civil. La Comisión cree su deber hacer un llamado para que esta política de disciplina y estricto cumplimiento de la ley por parte de las fuerzas que se enfrentan al terror se prosiga sin concesiones, pues el respeto de la legalidad y de los derechos de la persona humana es el fundamento mismo del sistema por el cual se ha pronunciado la inmensa mayoría de los peruanos.

Las Causas Media

1. La Violencia Estructura

La Comisión cree que para no quedarse en una mera descripción superficial de lo ocurrido, es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo de las comunidades iquichanas y las formas que asume en ellas la vida. Dentro de la región económicamente deprimida, sin recursos, con un altísimo índice de desempleo y un rendimiento paupérrimo de la tierra, que es el departamento de Ayacucho, las comunidades de las' punas de Huanta representan acaso el conglomerado humano mas miserable y desvalido. Sin agua, sin luz, sin atención medica, sin caminos que los enlacen con el resto del país, sin ninguna clase de asistencia técnica o servicio social, en las altas tierras inhóspitas de la cordillera donde han vivido aislados y olvidados desde los tiempos prehispanicos, los iquichanos han reconocido de la cultura occidental, desde que se instalo la República, solo las expresiones mas odiosas: la explotación del gamonal, las exacciones y engaños del recaudador del tributo o los ramalazos de los motines y las guerras civiles. También, es verdad, una fe católica que, aunque ha calado hondamente en los comuneros, no ha desplazado del todo a las antiguas creencias como el culto a los Apus (cerros tutelares), el mas ilustre de los cuales es el Apu Rasuwilca, deidad cuyo prestigio desborda el área iquichana. Para estos hombres y mujeres, analfabetos en su mayoría, condenados a sobrevivir con una dieta exigua de habas y papas, la lucha por la existencia ha sido tradicionalmente algo muy duro, un cotidiano desafío en el que la muerte por el hambre, enfermedad, inanición o catástrofe natural acechaba a cada paso. La noción misma de la superación o progreso debe ser difícil de concebir o adoptar un contenido patético -para comunidades que, desde que desde sus miembros tienen memoria, no han experimentado mejora alguna en sus condiciones de vida sino, mas bien, un prolongado estancamiento con periódicos retrocesos.

¿Tiene el Perú oficial el derecho de reclamar de esos hombres, a los que su olvido e incurría mantuvo en el marasmo y el atraso, un comportamiento idéntico al de los peruanos que, pobres o ricos, andinos o costeños, rurales o citadinos, participan realmente de la modernidad y se rigen por leyes, ritos, usos y costumbres que desconocen (o difícilmente podrían entender) los iquichanos?

La Comisión no pretende dar respuesta a esta pregunta pero si cree oportuno formularla, pues ella constituye un problema al que da una actualidad dramática al asesinato de ocho periodistas.

Los hombres que los mataron no son una comunidad anómala en la sierra peruana. Son parte de esa "nación cerrada", como la llamo Jose Maria Arguedas, compuesta por cientos miles -acaso millones- de compatriotas, que hablan otra lengua, tienen otras costumbres, y que, en condiciones a veces tan hostiles y solitarias como las de los iquichanos, han conseguido preservar una cultura -acaso arcaica, pero rica y pero rica y profunda y que entronca nuestro pasado prehispanico- que el Perú oficial ha desdeñado.

Dentro de este contexto, la brutalidad de la matanza de los ocho hombres de prensa no resulta menos atroz, pero es, si, mas entendible. Quienes lanzaron las piedras y blandieron los garrotes no solo eran hombres empavorecidos y rabiosos que atacaban a un supuesto enemigo; eran también los ciudadanos de una sociedad en la que la violencia asume diariamente las manifestaciones mas elementales y primarias y en la que, por la precariedad de los recursos, la defensa de lo propio, cuando se lo considera amenazado, suele generar reacciones de gran violencia, como se advierte en el caso relativamente reciente de la comunidad de Carhuaran, mencionado en el estudio del Doctor Fernando de Trazegnies, de 10 abigeos linchados públicamente por los comuneros.

La brutalidad de las muertes de los periodistas, por otra parte, no parece haberse debido, únicamente, al tipo de armas de que disponían los comuneros -huaracas, palos, piedras, hachas- y a su rabia. Los antropólogos que asesoran a la Comisión han encontrado ciertos indicios, por las características de las heridas sufridas por las víctimas y la manera como éstas fueron enterradas, de un crimen que, a la vez que político-social, pudo encerrar matices mágicoreligiosos. Los ocho cadáveres fueron enterrados boca abajo, forma que, en la mayor parte de las comunidades andinas, se sepulta tradicionalmente a quienes los comuneros consideran "diablos" o seres que en vida "hicieron pacto" con el espíritu del mal. (En los andes, el diablo suele ser asimilado a la imagen de unforáneo"). En el caso concreto de Uchuraccay, la maestra del lugar refirió a la Comisión que esta creencia es profesada de manera explícita por los comuneros y la ilustró incluso con alguna anécdota. Asimismo, los periodistas fueron enterrados en un lugar periférico a la comunidad, como queriendo recalcar su condición de forasteros.

De otro lado, casi todos los cadáveres presentan huellas de haber sido especialmente maltratados en la boca y en los ojos. Es tarnbién creencia extendida, en el mundo andino, que la víctima sacrificada debe ser privada de los ojos, para que no pueda reconocer a sus victimarios y de la lengua para que no pueda hablar y delatarlos, y que sus tobillos deben ser fracturados para que no pueda retornar a molestar a quienes le dieron muerte. Las lesiones de los cadáveres descritas por la autopsia apuntan a una cierta coincidencia con estas creencias.

Y también de manera todavía más precisa, el hecho de que las ropas de los periodistas vestían al ser matados fueran, al parecer, primero lavadas y luego incineradas por los comuneros -según lo declararon al Teniente lro. AP Ismael Bravo Reid -quemar y lavar los vestidos de un muerto es típica ceremonia de exorcismo y purificación practicada en toda el área andina ("pichja").

2. La tradición iquichana.

Finalmente, la Comisión quiere mencionar otro aspecto, desarrollado con más amplitud en los informes de los asesores doctores Ossio y Fuenzal ¡da, que incide también en lo sucedido: la historia de las comunidades del grupo étnico de lquicha. Esta historia se caracteriza por largos períodos de aislamiento casi total y ppr intempestivas irrupciones bélicas de esas comunidades en los acontecimientos de la región o de la nación.

La especificidad iquichana, su falta de articulación y solidaridad con otras etnias andinas, se trasluce, tal vez, en el hecho de haber sido utilizados estos comuneros durante la colonia, por las fuerzas realistas, para combatir contra los dos movimientos indígenas más importantes de los siglos XVIII y XIX: los de Túpac Amaru y de Mateo Pumacahua.

Las rebeliones que protagonizan luego entre 1826 y 1839, tienen un carácter netamente circunscrito y excéntrico al acontecer del resto de la nacion, sea que se subleven por el Rey de España, contra la reciente república, o que se nieguen a acatar las leyes y disposiciones que el gobierno pretende aplicar en su territorio.

En ese mismo sentido de empecinada defensa de la soberanía regional y comunal parece tener su participación activa al lado de Cáceres, durante la guerra con Chile, y, mas todavía, el levantamiento que protagonizan en 1896, contra el impuesto a la sal, durante el cual dos mil iquichanos tomaron la ciudad de Huanta y lincharon al sub-prefecto.

La celosa preservación de un fuero propio, que, cada vez que siente transgredido, los arranca de su vida relativamente pacifica y huraña, y los precipita a luchar con braveza y ferocidad, aparece como una constante en la tradición iquichana y es la razón de ser de esa personalidad belicosa e indómita que se les atribuye en las zonas de abajo, sobre todo en las ciudades.

De su voluntad de retraimiento o, de su resistencia a ver profundamente alterados o interferidos una cultura y unos modos de vida que, a fin de cuentas, por rudimentarios que sean, son los únicos que los iquichanos tienen (y es por lo tanto lo mas preciado de su existencia), la comisión ha recogido abundantes ejemplos contemporáneos. Los iquichanos reciben a comerciantes u hospedan a viajeros de paso, pero se han mostrado reacios y hostiles, por ejemplo, a recibir misiones de antropólogos o a los promotores de "SINAMOS", es decir a personas que, con razon o sin ella, los comuneros intuían como capaces de invadir su intimidad.

Es indudable que esta actitud atávica explica, también, en parte, la decisión iquichana de combatir a sendero luminoso y de hacerlo con métodos rudos y feroces que son los únicos a su alcance desde tiempos inmemoriales. Esta decisión y convencimiento de que, aplicándolos procedían de acuerdo con la única autoridad llegada hasta ellos, seria terriblemente poner en tela de juicio -y exhibidos todos sus riesgos y peligros- con el mantenimiento del que resulto la muerte de los ocho periodistas.

La Comisión cree haber esclarecido de este modo lo esencial del suceso, aunque algunos detalles y aspectos de la tragedia permanezcan en la sombra. Corresponde al Poder Judicial, con el tiempo e instrumentos que dispone, proseguir y perfeccionar la investigacion, señalar las responsabilidades y dictar sentencia.

La Comisión, sin embargo, cree necesario llamar a reflexión a los peruanos sobre la compleja problemática que la muerte de esos ocho periodistas ha puesto en evidencia y exhortarlos, como el mejor homenaje que se puede rendir a esos profesionales caídos en el desempeño de su trabajo a deponer las pasiones, y las simplificaciones básicas, los aprovechamientos políticos y las formulas demagógicas, y a reconocer con humildad, que aunque los autores fueran unos cuantos, y sus instigadores y provocadores otros tantos, hay una responsabilidad histórica anterior y mas vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay y que nos incumbe a una gran mayoría de peruanos.

ABRAHAM GUZUM FIGUEROA

MARIO VARGAS LLOSA

MARIO CASTRO ARENAS