Por Humberto Campodónico
¿Puede imaginar el lector que en plena crisis económica internacional, que ya golpeando fuerte a la industria nacional, el MEF haya planteado eliminar la bonificación del 20% de puntaje adicional para las empresas nacionales que entran a concurso para acceder a las compras públicas del Estado?
Es lo que ha hecho el MEF con el Oficio 616-2009 dirigido al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Dice el MEF que el Decreto Legislativo 107, dado el año pasado, elimina la legislación anterior y ya no procede la bonificación adicional para las empresas nacionales.
Lo que plantea el MEF, más allá de las discusiones legales, es la teoría neoliberal que afirma que todas las empresas son iguales, no importa cuál sea su nacionalidad y que, por tanto, deben competir en igualdad de condiciones. El MEF no está diciendo nada nuevo, porque eso es lo que establece la Constitución de 1993: “La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones” (Art. 63).
Pero sucede que ese dogma está errado profundamente porque esas condiciones de libre competencia e igualdad simplemente no existen. En EEUU y Europa se protege a la industria aeronáutica. En EEUU ninguna nave extranjera puede hacer cabotaje doméstico y no se permite a los capitales árabes comprar los puertos nacionales.
Hay muchos ejemplos más. El más importante es que la igualdad de trato entre la inversión extranjera y la nacional fue excluida explícitamente de la agenda de la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio en el año 2003. ¿El motivo? La gran mayoría de países se opuso porque “consideran que tienen derecho a políticas flexibles que les permitan determinar las modalidades de inversión extranjera que contribuyan a la expansión del comercio, de acuerdo a sus intereses nacionales”.
Se puede mencionar también a la Constitución de Brasil, que dice: “se otorgará tratamiento favorable a las empresas brasileñas de capital nacional de tamaño pequeño” (Art. 170). Ningún país de la región, ninguno, tiene un “Art. 63” en su Constitución.
Volvamos al Perú. La bonificación del 20% de la Ley 27633 tiene como objetivo favorecer a la industria nacional. Puede entenderse que, cuando se negocia un TLC –como ha sido el caso con EEUU–, esta bonificación se elimine. Los negociadores peruanos les dirán a sus contrapartes: “si derogo esa Ley, tú me tienes que dar algo a cambio”. O sea, “dame que te doy”.
De hecho, la bonificación del 20% ya no rige para las compras “gringas” debido al TLC. Pero, ¿qué sentido tiene otorgar el mercado peruano gratuita y unilateralmente al Japón o a la Unión Europea, con quienes se negocia ahora un TLC? Ninguno. También se van a aprovechar los países del MERCOSUR y, en general, todo el mundo. ¿Y qué obtiene el Perú? Nada.
Al MEF no le interesa la industria nacional, pero esconde esa intención al decir que el Estado se beneficiará pues compraría bienes 20% más baratos a los extranjeros. Lo que el MEF no evalúa es el efecto devastador sobre la inversión nacional y, también, sobre el empleo. Además, perderían la bonificación las micro y pequeñas empresas (MYPE) que el gobierno dice querer impulsar. ¿Y la formalización?
Tampoco dice el MEF que la industria extranjera tiene un trato más favorable que el capital peruano porque en sus países gozan de medidas que los favorecen, como el crédito barato a la exportación que existe en EEUU, la Unión Europea, Brasil y China, entre muchos.
Para ya no hablar de la inversión extranjera en recursos naturales, que tiene depreciación acelerada (5 años), fraccionamiento del pago de aranceles (7 años), ocho años de arrastre de pérdidas y recuperación anticipada del IGV, amén de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria. ¿Y la igualdad de trato?
Lo que le interesa al MEF es completar la “reforma incompleta” neoliberal (con los 100 Decretos Legislativos) y desaparecer a la industria nacional. Que no digan que quieren un Plan de Estímulo y Comprarle al Perú. Por favor.
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