El ministro Salazar anuncia que los vigilantes privados van a poder hacer uso de armas de fuego. Lo primero que se me viene a la mente es los muertos por el serenazgo, en casos extremos con el del ahorcamiento de un joven en San Isidro que solo vendía golosina. Ni quisiera que pensar con confusiones que podrían ser dignas de “los malditos de Lacomar”. El serenazgo está en un limbo de público y privado pero no están autorizados a realizar intervenciones sin presencia policial.
¿Se imaginan en el interior del país?
La prensa y su publicidad de minería responsable “olvidan” olímpicamente el caso de Majaz. Secuestro y tortura de comuneros por parte de seguridad privada y con complicidad y silencio vergonzante de un fiscal peruano. Lo último que se supo de este caso es que se vienen ventilando en tribunales extranjeros para buscar una reparación civil que nunca se encontraría en nuestro país.
La medida demuestra el fracaso no solo del Ministro (que es responsable político) sino del que nombro en materia de seguridad ciudadana.
Aqui una muestra de lo que SEGURIDAD PRIVADA puede hacer y quedar impune:
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