PERU: Delincuencia financiera

Paul Laurent
plaurent@acrata.org


¿Desde cuándo el sistema financiero dejó de ser sinónimos de ahorro y previsión para convertirse en sinónimo de robo y despojo? Seguramente desde el momento en el que la gente dejó de elegir libremente cómo es que querían recibir sus salarios, realizar sus pagos y optar por su futuro.

Para que no se sienta, la cosa se fue dando poco a poco. Y de la manera más ridícula, sino recordemos el 0.15% del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que nació para controlar las movidas de los ahorristas. Gracia que parten de la presunción de que el grueso de los que movemos nuestro propio dinero en el sistema financiero nos dedicamos a lavar dinero.

Ello fue cortesía de la actual Defensora del Pueblo (doña Beatriz Merino), amparada en la legislación tributaria comparada. Comparación que sirvió al régimen de Hugo Chávez a tomarlo para sí bajo el argumento, entre otras delicias, de que castigará a los más ricos (sus amados “oligarcas”) y de que contribuirá a combatir la inflación. Para caerse de espaldas, pero siempre pagando el antojo impositivo.

En un estudio de la consultora Grupo Inmark, se registró que el 46% de los clientes del sistema financiero entrevistados fueron obligados a abrir una cuenta bancaria para poder recibir sus respectivos sueldos. Ello es más evidente para quienes laboran en el estado, pues es obligatorio (sí o sí) contar con una cuenta bancaria. Todo ello porque el estado no asume otra forma de pago, ya que marcha por la senda de la modernización. Vaya pretexto.

Ante tal panorama, es evidente que los bancos hacen el mínimo esfuerzo para atraer clientes, asegurándose una enorme cantidad de ahorristas por simple mandato de la ley. ¿Para qué invertir en promociones y seductoras ofertas si el estado les pone sus empleados en bandeja? Ahora, ¿ello es compatible con un sistema liberal y capitalista? De ninguna manera. El uso de la legislación para favorecer a unos en perjuicio de otros es propio del abuso, de la imposición y del cohecho antes que de la libre competencia. Tal parece que la llamada modernización no va de la mano del mercado, sino de la antojadiza decisión desde el poder estatal.

A todas luces, la llamada “bancarización” es una mañosa treta. Una confabulación entre empresarios mercantilistas y malos políticos que buscan secuestrar la legislación para su singular provecho. Exactamente lo que se denomina mercantilismo, aquellos que hacen capital no a través de satisfacer las necesidades de la gente, sino a través del favor político.

Puntualmente ese mismo nivel de “favor” que hace que los fondos privados de pensiones (las AFP) se queden con el dinero de los que ya no pueden continuar aportando porque perdieron el empleo. Así de simple. A parte de ser forzados a “optar” por una AFP o al quebrado sistema nacional de pensiones (ONP), encima nos despojan de lo nuestro a perpetuidad (y sin derecho a reclamo ni devolución) si es que se deja de aportar.

¿Cuánto dinero ganan para sí las AFP de esa manera? Si alguien opta por no pagarles más y manejar ese mismo aporte de manera particular es un irresponsable que no prevé su futuro. ¿Y qué son las AFP que se quedan con el dinero de los que ya no pueden aportar?

¿Alguien tiene alguna sospecha de cómo es que logran estas entidades financieras estos “nicho de mercado”? ¿Corrompiendo, induciendo a ingenuos, asociándose con malos políticos y peores burócratas? Escoja usted, quizá todas las alternativas en conjunto son ciertas.