"La misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación."
(11 de noviembre de 1977)
El Salvador dio hoy un giro radical a su tradicional política en materia de derechos humanos al asumir, por primera vez, la responsabilidad del Estado en el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980 y comprometerse a avanzar “sin condicionamientos” en el proceso de reparaciones y diálogo nacional.
El Estado salvadoreño “declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades” las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboradas en el año 2000 en relación con el asesinato del religioso por escuadrones de la muerte de la ultraderecha, anunció ante el organismo el Director General de Derechos Humanos de la Cancillería salvadoreña, David Morales.
Esto supone el “inicio de una nueva etapa de diálogo en El Salvador por el Estado para avanzar en el cumplimiento de estas recomendaciones”, agregó.
Violación a los derechos humanos
En el año 2000 la CIDH, que había admitido el caso de monseñor Romero siete años antes, concluyó en un informe que en el caso del religioso el Estado salvadoreño era responsable de la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva previstos en la Convención Americana, así como del derecho a conocer la verdad de lo sucedido.
En este sentido, recomendó al Estado del país centroamericano realizar una “investigación judicial completa, imparcial y efectiva” para “identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales” del asesinato de Romero.
Además, estableció que debía reparar a las víctimas y anular la Ley de Amnistía General promulgada en 1993 tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, y que desde entonces protege los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1980-92).
Admiten responsabilidad del Estado
El gobierno salvadoreño, en manos durante dos décadas de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se había negado constantemente a seguir las recomendaciones de la CIDH, argumentando que para mantener la paz era necesario renunciar a la posibilidad de hacer justicia tanto en el asesinato de Romero como en otros casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.
Una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones Unidas había concluido que el fundador de ARENA, Roberto D’Aubuisson, fue el autor intelectual del crimen del religioso el 24 de marzo de 1980, cuando monseñor Romero oficiaba una homilía en la capilla del Hospital La Divina Providencia.
La postura oficial salvadoreña cambió este viernes, con la representación en la sede de la CIDH en Washington de delegados del nuevo gobierno de izquierdas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) del presidente Mauricio Funes.
El nuevo mandatario asumió la presidencia salvadoreña el 1 de junio pasado asegurando que su gobierno sería “guiado por el pensamiento de Monseñor Romero”, ante cuya tumba rezó antes de participar en la ceremonia de traspaso de mando.
FUENTE
"Matan a la gente pero no a las ideas"
Ruben Blades
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