Una noticia que no ha recibido la difusión en los medios de comunicación. Los crímenes involucran directamente a los separatistas.
Javier A. Fernandez
Un grupo especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) determinó que los decesos en la región de Pando durante las protestas contra Evo Morales en setiembre, deben ser juzgados como un crimen de lesa humanidad.
Reuters. Una comisión especial de la Unasur respaldó hoy al Gobierno de Evo Morales al dictaminar que la muerte de al menos 20 campesinos durante una reciente ola de violencia política en Bolivia fue una masacre, que debe ser juzgada como un crimen de lesa humanidad.
El mandatario aprovechó el espaldarazo para renovar sus críticas a los sectores más radicales de la oposición, que por su parte descalificaron tanto al informe como al jefe de la comisión, el argentino Rodolfo Mattarollo.
La comisión, compuesta por expertos de nueve países, investigó la muerte de campesinos ocurrida en el distrito amazónico de Pando, en el incidente más cruento de una movilización de cuatro regiones de tierras bajas en demanda de autonomía, que Morales denunció como “golpe civil”.
Tras una investigación que abarcó testimonios de actores, testigos y expertos, la comisión dijo que descartó la tesis de un enfrentamiento entre campesinos que pretendían marchar a favor del Gobierno y activistas opositores que cumplían supuestas órdenes del derechista prefecto de Pando.
“La comisión expresa la convicción intelectual y moral según la cual el 11 de septiembre del 2008 en la localidad de Porvenir y otros sitios de Pando, Bolivia, se cometió una masacre”, dijo el informe leído por Mattarollo ante el gobernante boliviano.
Advirtió que hay todavía decenas de desaparecidos por el suceso en el que, según constató, campesinos desarmados fueron emboscados por paramilitares y funcionarios armados.
El informe fue presentado en momentos en que el principal acusado de la matanza, el detenido ex prefecto pandino, Leopoldo Fernández, reclama ser llevado a juicio de responsabilidades en vez de uno ordinario como el que le ha iniciado el Gobierno.
El documento calificó a la agresión como “un crimen de lesa humanidad”, con ejecuciones sumarias y ataques organizados que obedecían en parte a motivaciones racistas y sociales.
Añadió que, si bien en la “masacre” los agresores utilizaron vehículos y otros bienes de la prefectura de Pando, “se trata de (...) crímenes de lesa humanidad (a ser) juzgados como crímenes comunes por la justicia ordinaria, pues no corresponden a delitos de función y no corresponden juicio de responsabilidad”.
El ex prefecto Fernández, quien está en una cárcel común de La Paz, y amplios sectores de la oposición legislativa demandan en cambio un juicio de responsabilidades, en una disputa sobre la cual el poder judicial todavía no asumió posición final.
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