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sábado, 7 de noviembre de 2009
martes, 8 de septiembre de 2009
Colombia comploto contra Chavez según miembro de inteligencia colombiano
Esta es una noticia que hay que buscarla con lupa. No la ves a ver en El Comercio, Correo o Rosa María Palacios o cualquier otro medio de comunicación que se diga “independiente” en Perú.
La relevancia es que quien da la información no es un simple informante, es Rafael García, ex jefe de informática del servicio de inteligencia colombiano.
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Bogotá.- (EFE).- El Gobierno del presidente Álvaro Uribe auspició "toda una conspiración" contra el mandatario venezolano, Hugo Chávez, que incluyó el envío de paramilitares y contemplaba el asesinato de personalidades, aseguró Rafael García, ex jefe de informática del servicio de inteligencia colombiano.
El fiscal general en funciones, Guillermo Mendoza, señaló hoy a la emisora radial RCN que las declaraciones de García "han conducido a numerosas investigaciones, a acusaciones y hasta sentencias condenatorias", pero en "otras ocasiones no se le ha creído".
García dijo en entrevista con el informativo de televisión Noticias Uno que del plan para derrocar y asesinar a Chávez hacían parte el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera, preso por sus presuntos nexos con paramilitares, y el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Hubo toda una conspiración contra el Gobierno venezolano, del cual hasta donde yo sé participaron facciones del Bloque Norte y del DAS, y también eran estimuladas por el ex ministro (del Interior) Fernando Londoño", dijo.
El ex funcionario del DAS agregó que en el plan participaron además personas de Venezuela, como ganaderos de la zona fronteriza, e incluso afirmó que Rafael Alonso, hermano de la cantante y actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso, recibió en su finca una avanzada de 70 paramilitares que fueron capturados por las autoridades.
Dentro del plan también estaba el "saboteo del aparato productivo de Venezuela" y a raíz de eso "se produce un paro en 2002 que le causa un enorme daño", agregó.
Entre los planes, según García, se "contemplaba asesinar personas representativas con el ánimo de causar zozobra en la sociedad venezolana".
"Muchos explosivos fueron pasados por funcionarios del propio DAS por allá en el puesto fronterizo de Paraguachón en presencia mía, yo lo vi cuando lo pasaron", agregó.
García dijo que para concretar ese plan el ex director del DAS Jorge Noguera creó un grupo y quedó bajo el mando de Jacqueline Sandoval "y como premio a su labor Jorge la nombró primera subdirectora de contrainteligencia y luego directora general operativa".
Los principales objetivos del grupo eran el presidente Chávez, su ex vicepresidente José Vicente Rangel, el ex ministro de Interior Jessi Rodríguez Chacón y el fiscal general Isaías Rodríguez, precisó García.
García ya había hecho denuncias sobre un presunto complot del DAS y los paramilitares contra el Gobierno venezolano, pero los detalles y nombres de los involucrados solo los conocía la Fiscalía.
Mendoza dijo que a García se "le ha prestado atención en todo lo que ha dicho".
"Casi todos esos hechos han sido investigados o se encuentran en proceso de investigación", afirmó.
Mendoza explicó que el solo testimonio que rinda una persona no puede acogerse simplemente y se deben corroborar algunas circunstancias para aclarar lo dicho.
Las declaraciones de Rafael García han conducido "a corroborar parte de lo que ha dicho y en otras ocasiones no se le ha creído", puntualizó.
La versión de García coincide con la que dio el presidente Chávez en la cumbre de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el pasado 28 de agosto en Argentina sobre el supuesto plan urdido en su contra desde Colombia.
EFE
FUENTE
martes, 4 de agosto de 2009
Uribe y sus vinculos narcos
Los vínculos de Uribe confirmarían lo que siempre se ha sospechado: Que EU tiene negocios de narcotráfico y tiene de socios hasta algunos presidentes.
domingo, 21 de junio de 2009
Colombia: Relator de la ONU dice que las ejecuciones "no son política oficial"
La ONU camina en la raya fina del encubrimiento. Nunca he visto a un gobierno que practique matanzas de modo oficial (salvo Irak contra algunas poblaciones). Es una irresponsabilidad lo declarado por este tipo pues el asesinato por parte de fuerzas que responden a los estados siempre será de forma encubierta.
En nuestro país Fujimori ha sido sentenciado por asesinatos extrajudiciales. Por supuesto, el ha sostenido que no era política oficial y también desconocía sobre los hechos.
Eso es lo que le dijo a BBC Mundo el profesor Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Las palabras de Alston están muy calculadas y las dijo en el último día de una visita a Colombia, país en el que estalló el escándalo por los "falsos positivos", que tiene en el ojo del huracán a las Fuerzas Armadas.
El término de "falso positivo" tiene que ver con el asesinato de personas inocentes que son presentadas por el ejército colombiano como guerrilleros muertos en combate. Normalmente, un positivo, en la jerga militar, se refiere a bajas del enemigo o a éxitos militares. De esta manera un "falso positivo", es algo que se presenta como éxito cuando en realidad es un montaje.
El funcionario de Naciones Unidas presentó un informe preliminar sobre este asunto que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Fuente
MAS SOBRE COLOMBIA:
En nuestro país Fujimori ha sido sentenciado por asesinatos extrajudiciales. Por supuesto, el ha sostenido que no era política oficial y también desconocía sobre los hechos.
Las ejecuciones "no son política oficial"
Los "falsos positivos", un tipo de ejecuciones extrajudiciales que se descubrieron en Colombia, son "sistemáticos" en este país andino, pero "no son una política oficial" del gobierno del presidente Álvaro Uribe.Eso es lo que le dijo a BBC Mundo el profesor Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Las palabras de Alston están muy calculadas y las dijo en el último día de una visita a Colombia, país en el que estalló el escándalo por los "falsos positivos", que tiene en el ojo del huracán a las Fuerzas Armadas.
El término de "falso positivo" tiene que ver con el asesinato de personas inocentes que son presentadas por el ejército colombiano como guerrilleros muertos en combate. Normalmente, un positivo, en la jerga militar, se refiere a bajas del enemigo o a éxitos militares. De esta manera un "falso positivo", es algo que se presenta como éxito cuando en realidad es un montaje.
El funcionario de Naciones Unidas presentó un informe preliminar sobre este asunto que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Fuente
MAS SOBRE COLOMBIA:
domingo, 8 de febrero de 2009
TELEURIBIZACION - Colombia en la tormenta
Siempre me pareció peligrosísimo Uribe. No tiene mucho que le diferencie a nuestro presidente García. Todas las instituciones democráticas han sido destruidas y justamente en ellas consideran que se sostiene el "sistema democrático" peruano.
Otro punto en común es las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Otro punto en común es las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
jueves, 23 de octubre de 2008
Falsos atentados del Ejercito colombiano para culpar a las FARC
Siguiendo las técnicas del Ejercito de Estados Unidos este informe revela como se producen atentados para culpar a los terroristas. No importa muertes ni destrucción. Para ellos con logros políticos esta mas que justificado.
jueves, 18 de septiembre de 2008
domingo, 10 de agosto de 2008
La otra Colombia
La otra Colombia
Paco Gómez Nadal
Rebelión
La distancia muestra una Colombia casi homogénea, con un 91% de la población apoyando las políticas del popular presidente, Álvaro Uribe, con manifestaciones multitudinarias en que mensajes y camisetas no dejan margen para disentir, y con una comunión casi religiosa entre fuerzas armadas, presidencia de la República y población civil. La banda sonora la ponen Juanes o Sakira, ele enemigo está claramente identificado (la guerrilla) y el principal problema, el secuestro.
Al acercarse, hay otra Colombia. Discurre de forma paralela y, cansada de tanta uniformidad, trata de construir alternativas. En esta, el enemigo es múltiple (guerrilla, paramilitares y el propio Uribe), la banda sonora suena más a rock y rap alternativo y los problemas tienen que ver con desarrollo y derechos humanos.
A 3.100 metros de altura se le lleva ventaja a Bogotá. 500 metros más cerca del mar está la capital de Colombia, donde se agolpan casi 8 millones de personas. En esta vereda campesina, cerca de Choachí, hoy se reúnen 35 personas en un pequeño salón de la escuela rural. Campesinos de diversas zonas que circundan Bogotá, indígenas, estudiantes y neocampesinos (citadinos que han cambiado de vida drásticamente) sientan las bases de la Plataforma Rural, una red de colaboración y “autogestión” para desarrollar modelos alternativos de vida.
En esta vereda hablan ya con propiedad de soberanía alimentaria, de modelos de comercio alternativo, de autonomía… En la noche, la palabra sigue fluyendo pero dentro de la maloka (construcción sagrada indígena) que se yergue en lo alto de una loma ya de por sí muy alta. La sopa se acompaña con arroz mezclado con amaranto (uno de los cereales de moda entre los vegetarianos latinoamericanos), la bebida es indígena –chicha- y el ambiente es de minga –concepto indígena del trabajo colaborativo-.
“Están pasando cosas, hay mucha gente buscando otras formas, y comienza a haber un entendimiento entre grupos muy diversos”, confirma Héctor, un comunicador alternativo de esta Colombia diferente. “No tenemos que depender de las instituciones ni de la cooperación internacional, debemos avanzar hacia la autogestión porque tenemos las capacidades y el conocimiento”, insiste Jaime, uno de los promotores de la idea.
En otro extremo del país, casi a nivel del mar, e inserto en lo institucional, está el gobernador del departamento del Cesar, uno de los más golpeados por el paramilitarismo y las relaciones escabrosas entre políticos, mercenarios y narcotraficantes. Cristian Moreno Panezo es gobernador en contra de las previsiones y ha decidido jugársela toda. “Esta sociedad fue sometida por el miedo y hemos entendido que son ellos [paramilitares] o somos nosotros”. Moreno confiesa desde Valledupar y entre dientes la falta de entendimiento con el Gobierno central de Uribe, que ya cuenta con 67 congresistas y excongresistas cercanos procesados por sus nexos con los grupos armados de extrema derecha en el proceso conocido como “Parapolítica”. “Pero aquí estamos, de pie, con fuerza y carácter porque hay que desenmascarar lo que se ha vivido, no podemos olvidar lo que se ha hecho en este país”. Para lograrlo, el gobernador del Cesar pide ayuda de la comunidad internacional porque “Colombia, como Estado y como sociedad no tiene ni los instrumentos ni la entereza”.
Ayuda internacional es lo que buscaron los movimientos indígenas y los sindicatos para denunciar las agresiones combinadas del Estado, de fuerzas paraestatales y de algunas multinacionales que explotan recursos naturales. Por eso, desde hace dos años se han celebrado las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, del que han formado parte juristas de Francia, España, Suiza o Argentina. De hecho, la Audiencia final, celebrada entre el 21 y el 23 de julio en Bogotá, estuvo presidida por el premio Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y contó con la presencia del sacerdote e intelectual Francois Houtart.
El resultado del tribunal fue contundente y el Gobierno de Álvaro Uribe salió mal parado. Quedaron documentadas y probadas denuncias que lo relacionan con crímenes de lesa humanidad y de vínculos aún fuertes con grupos paramilitares.
“Ha habido un escandaloso aumento de las violaciones de Derechos Humanos a los indígenas durante el Gobierno de Uribe”, denuncia Héctor Mondragón, un prestigioso analista social; “Nos están matando de una forma muy sofisticada”, continúa Hernando Gómez, otro estudioso; “No hay marchas, ni conciertos multitudinarios, ni super estrellas contándole al mundo de las otras víctimas, de los desplazados, de los desaparecidos, de los torturados…”, remata Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Alrededor y dentro del auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, donde se celebra este juicio de opinión, no parece que el 91% que apoya a Uribe tenga espacio. Los grafitis apuntan directo contra Uribe, hay incluso algunas pintadas de apoyo a la guerrilla. Es la Plaza del Ché, tendría cierta lógica. Pero el público que asiste a la Audiencia, unas 1.200 personas, es variado, diverso. Estudiantes universitarios y de secundaria, sindicalistas, miembros de movimientos sociales, cooperantes internacionales, indígenas… ni un representante del Estado, ni un medio de comunicación masivo colombiano.
Hay palabras y consignas de solidaridad con los más de tres millones de desplazados que ha generado el conflicto armado en Colombia, para los casi 15 mil desparecidos, los 800 torturados (entre 2002 y 2006) o los 11.292 asesinados y desaparecidos en ese mismo periodo. Y hay miedo. “Ha saber cuántos informantes hay aquí [en el auditorio]”, se pregunta una mujer desplazada a Bogotá después de recibir amenazas por participar en un movimiento de víctimas. La paranoia con los informantes es generalizada en este ambiente. Quizá por eso, durante el acto 13 miembros de un colectivo de estudiantes irrumpen encapuchados. La imagen violenta contrasta con el comunicado que leen: “Nos declaramos alzados en armas, pero nuestras armas son nuestras cabezas, el pensamiento para no ahogarnos en este mar de mentiras”.
Mentiras que según Francois Houtart están alimentando en la opinión internacional una falsa imagen de Colombia. “El mundo merece conocer la verdad de lo que ocurre aquí, de esta situación insoportable”. La otra cara de Colombia tiene rostro y voz. Es minoritaria, según las encuestas, pero existe.
Paco Gómez Nadal
Rebelión
La distancia muestra una Colombia casi homogénea, con un 91% de la población apoyando las políticas del popular presidente, Álvaro Uribe, con manifestaciones multitudinarias en que mensajes y camisetas no dejan margen para disentir, y con una comunión casi religiosa entre fuerzas armadas, presidencia de la República y población civil. La banda sonora la ponen Juanes o Sakira, ele enemigo está claramente identificado (la guerrilla) y el principal problema, el secuestro.
Al acercarse, hay otra Colombia. Discurre de forma paralela y, cansada de tanta uniformidad, trata de construir alternativas. En esta, el enemigo es múltiple (guerrilla, paramilitares y el propio Uribe), la banda sonora suena más a rock y rap alternativo y los problemas tienen que ver con desarrollo y derechos humanos.
A 3.100 metros de altura se le lleva ventaja a Bogotá. 500 metros más cerca del mar está la capital de Colombia, donde se agolpan casi 8 millones de personas. En esta vereda campesina, cerca de Choachí, hoy se reúnen 35 personas en un pequeño salón de la escuela rural. Campesinos de diversas zonas que circundan Bogotá, indígenas, estudiantes y neocampesinos (citadinos que han cambiado de vida drásticamente) sientan las bases de la Plataforma Rural, una red de colaboración y “autogestión” para desarrollar modelos alternativos de vida.
En esta vereda hablan ya con propiedad de soberanía alimentaria, de modelos de comercio alternativo, de autonomía… En la noche, la palabra sigue fluyendo pero dentro de la maloka (construcción sagrada indígena) que se yergue en lo alto de una loma ya de por sí muy alta. La sopa se acompaña con arroz mezclado con amaranto (uno de los cereales de moda entre los vegetarianos latinoamericanos), la bebida es indígena –chicha- y el ambiente es de minga –concepto indígena del trabajo colaborativo-.
“Están pasando cosas, hay mucha gente buscando otras formas, y comienza a haber un entendimiento entre grupos muy diversos”, confirma Héctor, un comunicador alternativo de esta Colombia diferente. “No tenemos que depender de las instituciones ni de la cooperación internacional, debemos avanzar hacia la autogestión porque tenemos las capacidades y el conocimiento”, insiste Jaime, uno de los promotores de la idea.
En otro extremo del país, casi a nivel del mar, e inserto en lo institucional, está el gobernador del departamento del Cesar, uno de los más golpeados por el paramilitarismo y las relaciones escabrosas entre políticos, mercenarios y narcotraficantes. Cristian Moreno Panezo es gobernador en contra de las previsiones y ha decidido jugársela toda. “Esta sociedad fue sometida por el miedo y hemos entendido que son ellos [paramilitares] o somos nosotros”. Moreno confiesa desde Valledupar y entre dientes la falta de entendimiento con el Gobierno central de Uribe, que ya cuenta con 67 congresistas y excongresistas cercanos procesados por sus nexos con los grupos armados de extrema derecha en el proceso conocido como “Parapolítica”. “Pero aquí estamos, de pie, con fuerza y carácter porque hay que desenmascarar lo que se ha vivido, no podemos olvidar lo que se ha hecho en este país”. Para lograrlo, el gobernador del Cesar pide ayuda de la comunidad internacional porque “Colombia, como Estado y como sociedad no tiene ni los instrumentos ni la entereza”.
Ayuda internacional es lo que buscaron los movimientos indígenas y los sindicatos para denunciar las agresiones combinadas del Estado, de fuerzas paraestatales y de algunas multinacionales que explotan recursos naturales. Por eso, desde hace dos años se han celebrado las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, del que han formado parte juristas de Francia, España, Suiza o Argentina. De hecho, la Audiencia final, celebrada entre el 21 y el 23 de julio en Bogotá, estuvo presidida por el premio Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y contó con la presencia del sacerdote e intelectual Francois Houtart.
El resultado del tribunal fue contundente y el Gobierno de Álvaro Uribe salió mal parado. Quedaron documentadas y probadas denuncias que lo relacionan con crímenes de lesa humanidad y de vínculos aún fuertes con grupos paramilitares.
“Ha habido un escandaloso aumento de las violaciones de Derechos Humanos a los indígenas durante el Gobierno de Uribe”, denuncia Héctor Mondragón, un prestigioso analista social; “Nos están matando de una forma muy sofisticada”, continúa Hernando Gómez, otro estudioso; “No hay marchas, ni conciertos multitudinarios, ni super estrellas contándole al mundo de las otras víctimas, de los desplazados, de los desaparecidos, de los torturados…”, remata Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Alrededor y dentro del auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, donde se celebra este juicio de opinión, no parece que el 91% que apoya a Uribe tenga espacio. Los grafitis apuntan directo contra Uribe, hay incluso algunas pintadas de apoyo a la guerrilla. Es la Plaza del Ché, tendría cierta lógica. Pero el público que asiste a la Audiencia, unas 1.200 personas, es variado, diverso. Estudiantes universitarios y de secundaria, sindicalistas, miembros de movimientos sociales, cooperantes internacionales, indígenas… ni un representante del Estado, ni un medio de comunicación masivo colombiano.
Hay palabras y consignas de solidaridad con los más de tres millones de desplazados que ha generado el conflicto armado en Colombia, para los casi 15 mil desparecidos, los 800 torturados (entre 2002 y 2006) o los 11.292 asesinados y desaparecidos en ese mismo periodo. Y hay miedo. “Ha saber cuántos informantes hay aquí [en el auditorio]”, se pregunta una mujer desplazada a Bogotá después de recibir amenazas por participar en un movimiento de víctimas. La paranoia con los informantes es generalizada en este ambiente. Quizá por eso, durante el acto 13 miembros de un colectivo de estudiantes irrumpen encapuchados. La imagen violenta contrasta con el comunicado que leen: “Nos declaramos alzados en armas, pero nuestras armas son nuestras cabezas, el pensamiento para no ahogarnos en este mar de mentiras”.
Mentiras que según Francois Houtart están alimentando en la opinión internacional una falsa imagen de Colombia. “El mundo merece conocer la verdad de lo que ocurre aquí, de esta situación insoportable”. La otra cara de Colombia tiene rostro y voz. Es minoritaria, según las encuestas, pero existe.
jueves, 8 de mayo de 2008
Uribe: El Fujimori de Colombia
La situacion descrita es conocida en el Peru. Lo unico que lo diferencia en Colombia es que Uribe se somete a los dictados norteamericanos. Fujimori "cayo" por querer adueñarse de la franquicia y creer que podia desafiar a las aguilas del Norte.
JAF
Nuevas revelaciones en compra de voto por reelección de Uribe
BOGOTA (AP) - Una ex congresista, actualmente detenida, declaró a la Corte Suprema que hizo abultados depósitos de dinero a la cuenta de otro ex legislador para que se ausentara del debate en que se aprobó una reforma que permitió la reelección del presidente Alvaro Uribe, según un reportaje de la revista Cambio.
La ex congresista Yidis Medina denunció anteriormente que recibió ofertas de prebendas políticas a cambio de votar a favor del proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe.
Las nuevas revelaciones son el más reciente giro de una denuncia que estalló por boca de Medina en abril y que hizo nacer sospechas sobre el proceso de votación de la reforma constitucional.
En la jornada, la Corte Suprema negó a Medina el beneficio de la detención domiciliaria y ratificó su detención, indicó el máximo tribunal en una nota divulgada por correo electrónico.
La Corte también dispuso el envío de copias de las declaraciones y piezas procesales del caso de Medina a la Fiscalía General, la Procuraduría y la llamada Comisión de Acusación del congreso, que son las instancias que pueden investigar, si así lo acordaran, a altos funcionarios como el presidente Uribe y ex funcionarios, algunos de ellos mencionados por la ex congresista.
En el caso de Uribe las copias enviada por la Corte se unirían a la denuncia presentada ante la Comisión de Acusación el 29 de abril contra el jefe de estado, también por cohecho a raíz de las denuncias de Medina, en un caso presentado por un grupo de legisladores, encabezados por el opositor Luis Carlos Avellaneda, destacando que para ese delito se precisan dos, quien ofrece el beneficio irregular y quien lo recibe.
Avellaneda dijo telefónicamente que no esperan una rápida respuesta a su caso o que incluso prospera por ahora, llevando al jefe de estado a un eventual juicio político, primero porque la Comisión, de 19 miembros, tiene decenas de denuncias y segundo porque es dominada por partidarios del mandatario.
Medina, detenida e investigada desde fines de abril por la Corte por el delito de "cohecho" o aceptar o pedir favores a cambio de algo, dijo la semana pasada ante los magistrados que depositó 221,4 millones de pesos (unos 123.000 dólares) entre agosto del 2005 y septiembre del 2006 en cuentas de otro ex congresista, indicó la revista Cambio, en su edición del jueves.
El dinero depositado en las cuentas del ex congresista Teodolindo Avendaño provenía de dos aspirantes a ocupar una notaría en Bogotá, cargo que supuestamente le había sido prometido por el gobierno a Avendaño a cambio de que se ausentara de la sesión clave de voto en el congreso. Como Avendaño no tendría un candidato para ocupar la notaría, habría preferido meses más tarde recibir el dinero de los otros aspirantes, según la revista.
Avedaño, según la publicación, dijo que no haría comentarios del caso, y que sólo hablaría del tema ante la Corte Suprema en caso de llamarlo a declarar.
El abogado de la ex congresista Medina, Ramón Ballesteros, confirmó que la ex parlamentaria presentó a la Corte una docena de comprobantes de los depósitos bancarios hechos y que esa operación era conocida y coordinada por funcionarios como el entonces ex viceministro del Interior, Luis Hernando Angarita.
Ante la Corte "eso fue lo que ella dijo...que fue el pago (a Avendaño) por ausentarse", dijo Ballesteros en diálogo telefónico, declinando ofrecer otros de detalles.
No ha quedado claro por qué Medina tuvo acceso a los fondos supuestamente depositados a su colega congresista y si esa fue la única cantidad consignada en los bancos o ella también recibió dineros.
Medina, quien era una declarada opositora a la reelección, denunció en entrevistas periodísticas en abril que poco antes de la votación del 2004 funcionarios del gobierno como el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, actual embajador en Italia; así como Diego Palacio, ministro de Protección Social, entre otros, le ofrecieron cargos burocráticos regionales --no mencionó ofertas de dinero-- a cambio de que votara a favor.
La mujer cambió su voto y el proyecto fue aprobado por 18 votos contra 16. Dijo que como el gobierno no cumplió las supuestas ofertas, decidió denunciar ahora el caso.
A través de la embajada en Roma, el ex ministro Pretelt dijo en la jornada a la AP que no tenía nada nuevo que agregar al caso y que ratificaba su disposición a colaborar con la justicia.
Por su parte el ministro Palacio ratificó que "con Yidis nunca conversé sobre el tema de la reelección". "No conozco ningún tema de notarias, no conozco ningún tema de consignación", dijo Palacio a la emisora La W.
BOGOTA (AP) - Una ex congresista, actualmente detenida, declaró a la Corte Suprema que hizo abultados depósitos de dinero a la cuenta de otro ex legislador para que se ausentara del debate en que se aprobó una reforma que permitió la reelección del presidente Alvaro Uribe, según un reportaje de la revista Cambio.
La ex congresista Yidis Medina denunció anteriormente que recibió ofertas de prebendas políticas a cambio de votar a favor del proyecto de reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe.
Las nuevas revelaciones son el más reciente giro de una denuncia que estalló por boca de Medina en abril y que hizo nacer sospechas sobre el proceso de votación de la reforma constitucional.
En la jornada, la Corte Suprema negó a Medina el beneficio de la detención domiciliaria y ratificó su detención, indicó el máximo tribunal en una nota divulgada por correo electrónico.
La Corte también dispuso el envío de copias de las declaraciones y piezas procesales del caso de Medina a la Fiscalía General, la Procuraduría y la llamada Comisión de Acusación del congreso, que son las instancias que pueden investigar, si así lo acordaran, a altos funcionarios como el presidente Uribe y ex funcionarios, algunos de ellos mencionados por la ex congresista.
En el caso de Uribe las copias enviada por la Corte se unirían a la denuncia presentada ante la Comisión de Acusación el 29 de abril contra el jefe de estado, también por cohecho a raíz de las denuncias de Medina, en un caso presentado por un grupo de legisladores, encabezados por el opositor Luis Carlos Avellaneda, destacando que para ese delito se precisan dos, quien ofrece el beneficio irregular y quien lo recibe.
Avellaneda dijo telefónicamente que no esperan una rápida respuesta a su caso o que incluso prospera por ahora, llevando al jefe de estado a un eventual juicio político, primero porque la Comisión, de 19 miembros, tiene decenas de denuncias y segundo porque es dominada por partidarios del mandatario.
Medina, detenida e investigada desde fines de abril por la Corte por el delito de "cohecho" o aceptar o pedir favores a cambio de algo, dijo la semana pasada ante los magistrados que depositó 221,4 millones de pesos (unos 123.000 dólares) entre agosto del 2005 y septiembre del 2006 en cuentas de otro ex congresista, indicó la revista Cambio, en su edición del jueves.
El dinero depositado en las cuentas del ex congresista Teodolindo Avendaño provenía de dos aspirantes a ocupar una notaría en Bogotá, cargo que supuestamente le había sido prometido por el gobierno a Avendaño a cambio de que se ausentara de la sesión clave de voto en el congreso. Como Avendaño no tendría un candidato para ocupar la notaría, habría preferido meses más tarde recibir el dinero de los otros aspirantes, según la revista.
Avedaño, según la publicación, dijo que no haría comentarios del caso, y que sólo hablaría del tema ante la Corte Suprema en caso de llamarlo a declarar.
El abogado de la ex congresista Medina, Ramón Ballesteros, confirmó que la ex parlamentaria presentó a la Corte una docena de comprobantes de los depósitos bancarios hechos y que esa operación era conocida y coordinada por funcionarios como el entonces ex viceministro del Interior, Luis Hernando Angarita.
Ante la Corte "eso fue lo que ella dijo...que fue el pago (a Avendaño) por ausentarse", dijo Ballesteros en diálogo telefónico, declinando ofrecer otros de detalles.
No ha quedado claro por qué Medina tuvo acceso a los fondos supuestamente depositados a su colega congresista y si esa fue la única cantidad consignada en los bancos o ella también recibió dineros.
Medina, quien era una declarada opositora a la reelección, denunció en entrevistas periodísticas en abril que poco antes de la votación del 2004 funcionarios del gobierno como el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, actual embajador en Italia; así como Diego Palacio, ministro de Protección Social, entre otros, le ofrecieron cargos burocráticos regionales --no mencionó ofertas de dinero-- a cambio de que votara a favor.
La mujer cambió su voto y el proyecto fue aprobado por 18 votos contra 16. Dijo que como el gobierno no cumplió las supuestas ofertas, decidió denunciar ahora el caso.
A través de la embajada en Roma, el ex ministro Pretelt dijo en la jornada a la AP que no tenía nada nuevo que agregar al caso y que ratificaba su disposición a colaborar con la justicia.
Por su parte el ministro Palacio ratificó que "con Yidis nunca conversé sobre el tema de la reelección". "No conozco ningún tema de notarias, no conozco ningún tema de consignación", dijo Palacio a la emisora La W.
jueves, 20 de marzo de 2008
Soldados colombianos ajusticiaron a personas que se habían rendido, afirma sobreviviente
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