Otra de las ONG! Si hubieron esterilizaciones forzadas!

Si Rómulo León fue sacado rápido de la cárcel, este caso emblematico de dignidad humana -que es del tiempo de Fujimori- sigue en el olvido. No existe prescripción, sin embargo nuestro sistema judicial encuentra en la práctica que ponerlo en los anaqueles del olvido es igual que la prescripción.

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Sí se realizó esterilización

Así lo revelaron los testimonios de mujeres afectadas. Fiscalía especial no puede archivar los casos denunciados. ONGs apelarán contra la decisión pues no pueden prescribir delitos de lesa humanidad.

Cinthia Garreta Paz.

A Sabina Huilca (32), en su natal Cusco, le ligaron las trompas sin su autorización, al nacer su cuarto hijo. “¡Es un deber que tienes que cumplir porque está prohibido tener tantos niños!”, le dijeron con gran convicción los responsables de este hecho ocurrido en el año 1996, mientras ella indignada se preguntaba por qué no se lo habían consultado.

Al igual que esta humilde cusqueña, miles de peruanas fueron sometidas a estas “esterilizaciones forzadas”, durante los años 1996-2000, en el gobierno de Alberto Fujimori, recientemente condenado por violación a los derechos humanos.

Ante ello y gracias a la valentía de las mujeres afectadas existen 2074 denuncias que, desde el año 2002, vienen siendo investigadas por la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos.

Sin embargo, la existencia de dichos casos parece no constituir suficientes pruebas para la citada fiscalía pues el reciente martes la comisión, presidida por Jaime Schwartz Azpur, decidió archivar “definitivamente” los casos de esterilizaciones forzadas, argumentando que éstos ya estarían prescritos.

En desacuerdo

Frente a ello, diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han manifestado su total desacuerdo pues, según indican, los testimonios de las mujeres afectadas constituyen suficientes indicios para que procedan las denuncias como delito de lesa humanidad, porque constituyen una forma de violencia sexual .

“Los miles de casos presentados no pueden quedar impunes. Estas intervenciones quirúrgicas se desarrollaron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Fujimori, como una medida para el control de la natalidad, por lo tanto sus implicados existen y deben ser castigados”, expresó la directora de la ONG Estudio de Derechos para la Defensa de la Mujer (DEMUS), María Isabel Cedano, tras precisar que las principales afectadas en sus derechos reproductivos fueron mujeres de Piura, Cusco, Huancavelica y Cajamarca, con poca instrucción formal y en situación de pobreza.

Muertes sin castigo

Al igual que ella, Ronald Gamarra, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que con la puesta en práctica de la campaña de anticoncepción quirúrgica voluntaria además de vulnerar, a través de una política pública, la capacidad de reproducción de las mujeres, se ocasionó la muerte de aproximadamente 10 inocentes. “Esta decisión incluye el archivamiento del fallecimiento de la señora Mamérita Mestanza, a causa de una esterilización en Cajamarca, en el cual el Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a sancionar a los responsables en un acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, agregó.

No prescriben

Asimismo, Diana Portal, abogada de Demus, comunicó que por tratarse de delito de lesa humanidad las denuncias realizadas por miles de mujeres del interior del país no prescriben. “Por las características de como sucedieron los hechos es que se configuran como delitos de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles, acogiéndonos a la legislación internacional”, dijo.

Portal aclaró además a la fiscalía que 2,074 víctimas no pueden ser catalogadas como “errores” con mera coincidencia en el tiempo. Por lo que ayer, representantes de los citados organismos presentaron un recurso de queja ante dicha institución, esperando que recuerde una de sus funciones principales: la de conducir desde un inicio la investigación de un delito, para así permitirles a las miles de afectadas acceder a la necesaria justicia, que a veces parece tardar para los que menos tienen.
“Lo único que buscamos es que se atiendan las demandas de estas humildes mujeres”, confesaron.

Había campañas en los poblados

Durante el segundo gobierno del hoy condenado Alberto Fujimori se promocionó indiscriminadamente la esterilización en diversas poblaciones indígenas o de extrema pobreza (Piura, Cusco, Huancavelica y Cajamarca. La denominada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV). Y para difundirla se realizaban incluso ferias y campañas. Miles de mujeres fueron sometidas a ellas sin su consentimiento.

Junto al ex presidente Alberto Fujimori, los ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista y médico personal de Fujimori, que tuvo en sus manos la cartera de Salud desde 1999 hasta noviembre del 2000, cuando cayó el gobierno), aparecen como los principales implicados. Aparte de las mujeres, a cientos de hombres se les practicó la vasectomía en ESE nesfasto gobierno.


FUENTE

Para Unasur, la muerte de 20 campesinos en Bolivia fue una masacre

Una noticia que no ha recibido la difusión en los medios de comunicación. Los crímenes involucran directamente a los separatistas.


Javier A. Fernandez




Un grupo especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) determinó que los decesos en la región de Pando durante las protestas contra Evo Morales en setiembre, deben ser juzgados como un crimen de lesa humanidad.


Reuters. Una comisión especial de la Unasur respaldó hoy al Gobierno de Evo Morales al dictaminar que la muerte de al menos 20 campesinos durante una reciente ola de violencia política en Bolivia fue una masacre, que debe ser juzgada como un crimen de lesa humanidad.

El mandatario aprovechó el espaldarazo para renovar sus críticas a los sectores más radicales de la oposición, que por su parte descalificaron tanto al informe como al jefe de la comisión, el argentino Rodolfo Mattarollo.

La comisión, compuesta por expertos de nueve países, investigó la muerte de campesinos ocurrida en el distrito amazónico de Pando, en el incidente más cruento de una movilización de cuatro regiones de tierras bajas en demanda de autonomía, que Morales denunció como “golpe civil”.

Tras una investigación que abarcó testimonios de actores, testigos y expertos, la comisión dijo que descartó la tesis de un enfrentamiento entre campesinos que pretendían marchar a favor del Gobierno y activistas opositores que cumplían supuestas órdenes del derechista prefecto de Pando.

“La comisión expresa la convicción intelectual y moral según la cual el 11 de septiembre del 2008 en la localidad de Porvenir y otros sitios de Pando, Bolivia, se cometió una masacre”, dijo el informe leído por Mattarollo ante el gobernante boliviano.

Advirtió que hay todavía decenas de desaparecidos por el suceso en el que, según constató, campesinos desarmados fueron emboscados por paramilitares y funcionarios armados.

El informe fue presentado en momentos en que el principal acusado de la matanza, el detenido ex prefecto pandino, Leopoldo Fernández, reclama ser llevado a juicio de responsabilidades en vez de uno ordinario como el que le ha iniciado el Gobierno.

El documento calificó a la agresión como “un crimen de lesa humanidad”, con ejecuciones sumarias y ataques organizados que obedecían en parte a motivaciones racistas y sociales.

Añadió que, si bien en la “masacre” los agresores utilizaron vehículos y otros bienes de la prefectura de Pando, “se trata de (...) crímenes de lesa humanidad (a ser) juzgados como crímenes comunes por la justicia ordinaria, pues no corresponden a delitos de función y no corresponden juicio de responsabilidad”.

El ex prefecto Fernández, quien está en una cárcel común de La Paz, y amplios sectores de la oposición legislativa demandan en cambio un juicio de responsabilidades, en una disputa sobre la cual el poder judicial todavía no asumió posición final.