Este no es el unico caso. Tambien hay en el Cuzco una familia que se dice dueña de Machu Picchu. Su escritura viene del tiempo de la colonia y el documento autentico se encuentra escrito en cuero................................
TOMADO DE LA REPUBLICA.
Motupe, Jayanca, Pacora, Illimo, Túcume y Mochumí quedaron a un paso del desalojo. Se reactivó supuesto proceso de 1928 para declarar a la empresa SASAPE dueña de área de 42 mil metros.
César Romero.
Esta historia parece una broma, pero es real. El juez mixto de Motupe Manuel Antonio Cevallos Gonzales declaró y ordenó reconocer a la empresa agrícola Sasape como propietaria de una extensión de 42 mil metros cuadrados, que abarcan los distritos de Motupe, Jayanca, Pacora, Illimo, Túcume y Mochumí, en Lambayeque.
Para alcanzar ese objetivo, el magistrado dio como cierta la existencia de un proceso judicial de 1928 que supuestamente reconocía a dicha empresa como titular de esa área, pese a que Sasape no cumplió con adjuntar a su petición el plano de ubicación y perimetraje del área que pretendía se le reconozca como de su propiedad.
El juez tampoco dispuso verificar lo que abarcaba el pedido, pues hasta su propio despacho en Motupe se incluía en el reclamo. Hasta este punto de la historia podría suponerse, en beneficio del magistrado, que cometió un error o que fue sorprendido, pero tal parece que no fue así.
Luego de recibir una denuncia anónima, la OCMA decidió realizar una acción de control y encontró que el juez Cevallos y su secretario, Helder López Fernandez sabían muy bien lo que estaban haciendo, lo que hace suponer una actuación irregular y probablemente ilícita.
Para prevenir mayores daños a la imagen del Poder Judicial y de los miles de afectados por esa acción, la OCMA dispuso la inmediata suspensión del juez, mientras realiza un proceso disciplinario de destitución.
Al revisar el expediente, la OCMA halló que los documentos entregados por el demandante no tienen relación alguna con el supuesto expediente desaparecido o extraviado del 13 de julio de 1928.
El juez tampoco tuvo en cuenta un informe de los Registros Públicos que le advierte que sobre la zona en reclamo había inscritas otras propiedades, a las que se debió notificar para que se defiendan.
Registros Públicos informó que en el área de 42 mil metros cuadrados comprendía parcial o totalmente 22 partidas inscritas, 6,095 parcelas agrícolas tituladas, más miles de predios rurales construidos en esa zona, sobre los que no había registro, y que se provocaría un gran conflicto social proceder a su desalojo.
La respuesta del juez fue amenazar al registrador con meterlo preso si no cumplía con inscribir la propiedad de Sasape. El caso será ahora revisado por un juez superior, que repondrá el orden quebrantado.
César Romero.
Esta historia parece una broma, pero es real. El juez mixto de Motupe Manuel Antonio Cevallos Gonzales declaró y ordenó reconocer a la empresa agrícola Sasape como propietaria de una extensión de 42 mil metros cuadrados, que abarcan los distritos de Motupe, Jayanca, Pacora, Illimo, Túcume y Mochumí, en Lambayeque.
Para alcanzar ese objetivo, el magistrado dio como cierta la existencia de un proceso judicial de 1928 que supuestamente reconocía a dicha empresa como titular de esa área, pese a que Sasape no cumplió con adjuntar a su petición el plano de ubicación y perimetraje del área que pretendía se le reconozca como de su propiedad.
El juez tampoco dispuso verificar lo que abarcaba el pedido, pues hasta su propio despacho en Motupe se incluía en el reclamo. Hasta este punto de la historia podría suponerse, en beneficio del magistrado, que cometió un error o que fue sorprendido, pero tal parece que no fue así.
Luego de recibir una denuncia anónima, la OCMA decidió realizar una acción de control y encontró que el juez Cevallos y su secretario, Helder López Fernandez sabían muy bien lo que estaban haciendo, lo que hace suponer una actuación irregular y probablemente ilícita.
Para prevenir mayores daños a la imagen del Poder Judicial y de los miles de afectados por esa acción, la OCMA dispuso la inmediata suspensión del juez, mientras realiza un proceso disciplinario de destitución.
Al revisar el expediente, la OCMA halló que los documentos entregados por el demandante no tienen relación alguna con el supuesto expediente desaparecido o extraviado del 13 de julio de 1928.
El juez tampoco tuvo en cuenta un informe de los Registros Públicos que le advierte que sobre la zona en reclamo había inscritas otras propiedades, a las que se debió notificar para que se defiendan.
Registros Públicos informó que en el área de 42 mil metros cuadrados comprendía parcial o totalmente 22 partidas inscritas, 6,095 parcelas agrícolas tituladas, más miles de predios rurales construidos en esa zona, sobre los que no había registro, y que se provocaría un gran conflicto social proceder a su desalojo.
La respuesta del juez fue amenazar al registrador con meterlo preso si no cumplía con inscribir la propiedad de Sasape. El caso será ahora revisado por un juez superior, que repondrá el orden quebrantado.
